La desobediencia civil

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La publicación de la obra de Paulina Araujo Granda, relativa a «La Desobediencia Civil, Análisis Político y Penal: caso ETA», hace posible la divulgación de una investigación jurídica acerca de una de las temáticas del Derecho más relevantes, y sin duda alguna, controversial: la posibilidad de que personas sujetas a una ordenamiento jurídico se desliguen del deber de obedecer las leyes, fundamentalmente cuando éstas resultan injustas o ilegítimas, con la finalidad de que cambien y se ajusten a las necesidades sociales de una manera justa y equitativa. La autora comienza aclarando los conceptos, señalando los elementos necesarios que definen a la desobediencia civil, diferenciándola de otros conceptos como la revolución, la objeción de conciencia, la desobediencia criminal, entre otros; temática nada pacífica y fuente de múltiples discusiones. Sostiene, entonces, que la desobediencia civil es un acto legítimo y de construcción democrática, a través de la reivindicación de posiciones razonables frente a un ejercicio de poder incongruente, del que el Ecuador no ha estado exento. Al efecto, se debe tener presente que una democracia no se configura sólo por la elección libre de sus gobernantes, sino por el respeto a las diferencias, garantía básica de los derechos fundamentales, pues, de lo contrario, se caería en la tan temida tiranía de la mayoría, en términos de Alexis de Tocqueville. En una democracia, como lo recuerda Norberto Bobbio, más importante que el consenso es el disenso, pues sólo en esta forma de gobierno es posible manifestar el desacuerdo. El análisis político y penal de la figura de la desobediencia civil –tomado en base a las doctrinas modernas de un Derecho Penal mínimo y garantista–, se verá ejemplificado en una de las maneras operativas empleadas por la banda terrorista E.T.A, y el tratamiento que de la desobediencia a la ley ha hecho el gobierno Español a través de sus instituciones jurisdiccionales; sin olvidar que el terrorismo etarra ha extendido sus tentáculos de horror al Ecuador, específicamente en el atentado del pasado diciembre de 2006, en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, en Madrid. Todo esto permitirá tener un panorama claro de la obligación asumida por el Estado para la garantía y protección de los derechos humanos.